Fujimori es culpable según fiscalía y parte civil

La fiscalía y la parte civil aseguran que está suficientemente acreditada la responsabilidad del procesado, por lo que debería recibir un fallo condenatorio. Sin embargo, la defensa afirma que no se ha logrado probar ninguno de los cargos y solo resta la absolución.


El fiscal supremo adjunto Avelino Guillén considera que se ha demostrado que Fujimori dispuso durante su mandato que Vladimiro Montesinos controlara el otrora SIN y diseñara una estrategia de guerra sucia, producto de la cual se formó el grupo Colina, que cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. "Los abundantes testimonios prueban que el acusado estuvo al tanto de la creación y las acciones del destacamento, le dio apoyo y trató de lograr su impunidad. La pena que le corresponde es de 30 años de prisión", dijo.

Todo lo contrario sostiene César Nakazaki, abogado de la defensa. "Ni los 'testigos estrellas' de la acusación (Umberto Jara, Rodolfo Robles y Santiago Martin Rivas) han podido probar que hubo una política antisubversiva de guerra sucia y menos que Fujimori tuviera algo que ver con Colina o haya dado órdenes concretas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta", dice.

Mientras que para la fiscalía la revelación que Martin hizo a Jara es clave (que la guerra sucia fue aprobada por el alto mando del Ejército en 1991 en una reunión llamada Mesa Redonda), para Nakazaki esa versión fue desbaratada por los generales y coroneles que habrían participado en la cita, pues negaron que esta se haya producido. A decir verdad, a lo largo del juicio los jefes militares negaron todas las irregularidades atribuidas a ellos.

Nakazaki afirma que un presidente responde por sus políticas y no por las desviaciones que se produzcan en ella. "La única directiva que dio Fujimori fue la de acercamiento de las Fuerzas Armadas al pueblo y eso permitió vencer al terrorismo", dijo. La argumentación de que no se puede acreditar la responsabilidad del acusado porque no hay órdenes escritas fue desvirtuada por los peritos internacionales. Así lo señala Ronald Gamarra, uno de los abogados de la parte civil: "Lo que esos expertos sostienen, a través de la experiencia internacional, es que en los crímenes de Estado las órdenes son verbales y no por escrito. Más bien al amparo del poder se borran las huellas".

La sala tiene la palabra.

Fuente: Diario El Comercio Perú