La ley que permite detener a cualquier persona bajo sospecha de estar indocumentada en Arizona ha sido blanco de muchísima polémica, y hoy el Gobierno Norteamericano ha demandado al estado de Arizona. Lean la noticia:
El Gobierno de EE.UU. demandó hoy al estado de Arizona por su nueva Ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor.
La acción legal se añade a otras cinco demandas ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.
El argumento principal usado por el departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.
El Gobierno alertó que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal".
Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará "la seguridad de todo el país", destacó el fiscal general, Eric Holder.
La norma convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
Los dos senadores republicanos de ese estado, Jon Kyl y John McCain, éste último el rival del presidente Barack Obama en las elecciones de 2008, criticaron la decisión del departamento de Justicia en un comunicado conjunto.
"La Administración de Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a los ciudadanos de Arizona de la violencia y el crimen que la inmigración ilegal provocan en nuestro estado", dijeron los dos legisladores.
"Hasta que no lo haga, el Gobierno federal no debería demandar a Arizona con el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración son sólo una responsabilidad federal", añadieron.
La oposición también viene de algunos demócratas del estado, incluida la legisladora Ann Kirkpatrick, que entró en la Cámara de Representantes en 2009 y afronta una reelección disputada en noviembre.
"Una batalla en los tribunales entre el Gobierno federal y Arizona no nos pondrá más cerca de garantizar la seguridad en la frontera o arreglar un sistema migratorio que no funciona", afirmó.
Está previsto que la ley entre en vigor el 29 de julio, pero el departamento de Justicia ha pedido al juez que suspenda su aplicación mientras se tramita la demanda en los tribunales.
Obama ha dicho que la ley está "mal concebida" y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
Es un argumento con el coinciden los grupos de defensa de los derechos civiles, que sostienen que la norma dará poder a los agentes para arrestar a personas, en particular hispanas, simplemente por su apariencia o su acento.
La demanda incluye declaraciones por escrito de los jefes de policía de Phoenix y Tucson, las mayores ciudades de Arizona, en las que advierten de que la ley les obligará a reducir el número de agentes asignados a investigar crímenes violentos y robos.
Asimismo, dijeron que es probable que eviten colaborar con la policía los inmigrantes que sean testigos de delitos o que los hayan sufrido.
La ley ha provocado la repulsa de los países latinoamericanos y especialmente de México, que se ha sumado con un escrito de apoyo a una de las demandas.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que firmó la normativa el 23 de abril, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas porque se basan en "suposiciones" y en casos de discriminación que no han ocurrido.
En Arizona residen unos 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.
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